CEDIN
Com o argumento de “inconstitucionalidade”, a justiça da República Dominicana não irá cumprir as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual faz parte há 15 anos e até então nunca havia questionado.
A decisão gerou um grande mal estar para o governo
dominicano, que a classificou como “inoportuna, preconceituosa e inadequada” e
declarou que “qualquer posição que questione os poderes legitimamente
constituídos do Estado é inaceitável para a República Dominicana”.
Agora o judiciário do país deu um passo além: De
acordo com o Tribunal Constitucional dominicano, a associação à Corte
Interamericana firmada pelo então presidente, Leonel Fernández, em fevereiro de
1999, foi “inconstitucional” pois não foi ratificada pelo Congresso Nacional.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
vai analisar nas próximas horas ou dias a decisão do Tribunal Constitucional
dominicano, que é, por sua vez, o mesmo tribunal que ameaçou deixar os
descendentes de mais de 200 mil haitianos, segundo a ACNUR, apátridas e acabou
com as disputas entre as Organizações de Direitos Humanos e a Comissão.
O primeiro pronunciamento público sobre o tema será
sexta-feira, durante a conferência de imprensa dos comissários e do secretário
executivo da Comissão, Emilio Álvarez Icaza, que terminará as audiências realizadas
em Washington nos últimos dias.
Silvia
AYUSO, «La República Dominicana se desliga de
la Corte Interamericana de DD HH», El País, 06 de noviembre 2014
El
Tribunal Constitucional dominicano dice que su adhesión a la CIDH fue
inconstitucional El fallo llega después de que la Corte acusara al país de
discriminar a ciudadanos haitianos.
Haitianos se manifiestan en Santo Domingo para lograr documentación / ORLANDO BARRÍA (EFE)
Sorpresa
no, malestar sí. En el sistema interamericano de derechos humanos no ha sentado
bien el argumento de “inconstitucionalidad” que esgrime ahora la justicia de
República Dominicana para no cumplir más las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a la que el país pertenece desde hace 15
años y que hasta ahora no había cuestionado.
Como la dura sentencia que el
tribunal regional con sede en Costa Rica emitió hace dos semanas, en la que
consideró culpable al país caribeño de discriminar a ciudadanos de origen
haitiano entre 1999 y 2000. En el mismo fallo, la
Corte Interamericana también determinó que una resolución constitucional
dominicana emitida en 2013 y que privó a unas 200.000 personas de su ciudadanía
viola el “derecho a la nacionalidad”, por lo que la conminó a realizar los
cambios legales pertinentes.
La
resolución del tribunal interamericano con sede en Costa Rica causó un gran
malestar en el gobierno dominicano, que la calificó rápidamente de
"extemporánea, sesgada e inoportuna", y declaró que "cualquier
posición que cuestione los poderes legítimamente constituidos de nuestro Estado
es inaceptable para la República Dominicana".
Ahora,
la rama judicial del país ha dado un paso más allá: según ha
fallado el Tribunal Constitucional dominicano,
la membresía en la Corte Interamericana firmada por el entonces presidente,
Leonel Fernández, en febrero de 1999, fue “inconstitucional” porque no fue
ratificada por el Congreso Nacional.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que junto con la Corte IDH
conforma el sistema regional de derechos humanos, va a “analizar” en las
próximas horas o días la decisión del Tribunal Constitucional dominicano. Que
es, por cierto, la misma corte cuya sentencia
amenazó con dejar apátridas a descendientes de haitianos -más de 200.000, según
ACNUR- y detonó el diferendo con
las organizaciones de derechos humanos y la Comisión.
Su
primer pronunciamiento público sobre el tema será el viernes, durante la rueda
de prensa que los comisionados y el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio
Álvarez Icaza, darán al término de las audiencias celebradas los pasados días
en Washington.
Una
de ellas tuvo como tema precisamente la situación de los ciudadanos de origen
haitiano en República Dominicana y la respuesta del gobierno de Danilo Medina a
las críticas que tanto la Corte como la CIDH -que realizó una visita in loco al
país por este motivo en diciembre de 2013- han realizado por su legislación.
Durante
la hora de encuentro en la sede de la Comisión en Washington, varios de los comisionados le
echaron un auténtico rapapolvo a la única representante del gobierno dominicano que acudió a la cita, una representante alterna del país ante la
Organización de Estados Americanos (OEA).
"Si
cada Estado tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y
alcance de sus obligaciones internacionales, el Derecho Internacional no
tendría ningún sentido", dijo el pasado viernes el comisionado Felipe
González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
Mientras
González y los demás comisionados evalúan ahora su respuesta, las críticas al
fallo judicial dominicano no se han hecho esperar desde el campo de las
organizaciones de derechos humanos de la región.
Para
la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el
fallo es especialmente preocupante porque va mucho más allá de la disputa
puntual por el caso de los haitianos.
“Esto
va mucho más allá de los temas de nacionalidad y discriminación”, advirtió
Viviana Krsticevic a EL PAÍS. “La decisión del Tribunal Constitucional afecta
el acceso a la justicia de todos y todas las personas de República Dominicana”.
Además,
para la jurista, “es claro que desde una perspectiva de derecho internacional,
la sentencia carece de sustento y no surte efecto en el ámbito internacional”.
De forma similar, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los
Derechos Humanos (Centro RFK) condenó la sentencia y manifestó su preocupación
por el “impacto” de la misma en el acceso a la justicia internacional de todos
los dominicanos.
"El
Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha avergonzado nuevamente a
su país al ignorar abiertamente sus obligaciones legales internacionales",
declaró Santiago Canton, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos
del Centro RFK.
En
un correo electrónico, el ex secretario ejecutivo de la CIDH lamentó además que
con este paso República Dominicana parece seguir los pasos de Venezuela, que también ha
abandonado la jurisdicción de la Corte IDH.
“La
Corte de República Dominicana se suma a la muy desacreditada Corte de
Venezuela, con decisiones vergonzosas en lo que hace al respeto a los derechos
humanos”, criticó Canton.
De
esta manera, el Tribunal Supremo dominicano “continúa demostrando su total
desconocimiento y apego a los principios básicos del Derecho Internacional. Con
sus marcadas decisiones discriminatorias, son la vergüenza de América Latina”.
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