"Los traficantes tienen como víctimas a los miembros más vulnerables de la sociedad", dijo la secretaria de Estado Condoleezza Rice en su presentación del informe. "Se trata en su mayoría de mujeres y niños inocentes a quienes maltratan y explotan para lucrar". La Secretaria de Estado dijo que Estados Unidos "no sólo mantiene su compromiso de combatir el tráfico de personas, sino que se esforzará para que sea abolida esta forma moderna de esclavitud, este comercio global de esclavos". Entre los abusos vinculados al tráfico de personas se cuentan la prostitución, la servidumbre sexual de menores de edad, los trabajos forzados y sin remuneración, y el uso de niños y niñas como combatientes.
El informe indica que "Estados Unidos es país exportador e importador de miles de hombres, mujeres y niños traficados para la explotación sexual o laboral". A Estados Unidos llegan mujeres y niñas del Este de Asia, de Europa oriental, México y América Central traficadas en Estados Unidos para la prostitución. Pero desde Washington se "continúa avanzando hacia la meta de erradicar el tráfico humano" dentro del país.
En el grupo de 16 países que, según el Departamento de Estado americano, los gobiernos no cumplen plenamente con esas normas mínimas y "no hacen esfuerzos significativos para cumplir con ellas", y podrían ser objeto de sanciones estadounidenses, aparecen Cuba y Venezuela que aparecen como los países con mayor índice de esclavitud.
El estudio destaca que el gobierno venezolano debe reformar sus leyes para prohibir toda forma de tráfico de personas y juzgar expeditivamente a los traficantes. Por su parte, Cuba tiene un comercio sexual popular que atrae a miles de turistas europeos, canadienses y latinoamericanos al año e involucra a niños y niñas incluso de 12 años. Desde trabajadores de los hoteles estatales hasta policías conducen a turistas hasta los lugares donde mujeres y niños son prostituidos. Según las palabras de Condoleezza Rice, el gobierno cubano no hace ningún esfuerzo para eliminar el tráfico de personas y tampoco reconoce el problema porque cree que las denuncias tienen motivaciones políticas.
Argentina, República Dominicana, Guatemala, Guayana, Honduras y México figuran entre los 32 países ubicados por el Departamento de Estado en la "lista de vigilancia" porque sus gobiernos no cumplen con las normas de la ley de Estados Unidos pero "hacen esfuerzos para cumplirlas". Otros 75 países están en la lista de los que no cumplen con las normas mínimas pero sí hacen "esfuerzos para cumplirlas". Entre ellos figuran Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. La lista en América Latina es muy larga y, según palabras de los representantes del Departamento de Estado, este informe serviría para una estrategia regional, y plantear una ayuda en cada caso por parte del gobierno de George Bush.